(14-02-2011).  Los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011 dados por este gobierno son inconstitucionales, y además, generan un marco jurídico que da cabida a  actos de corrupción, por lo que los autores de los mencionados decretos tendrían responsabilidad, no solo política por infringir la constitución, sino penal por propiciar indirectamente actos delictivos. Asevero el vocero de Perú Posible y ex Ministro de Justicia Fausto Alvarado Dodero.

Estos dispositivos no se ajustan a los requisitos constitucionales y legales para su dación, ya que su carácter extraordinario y urgente radica en la imprevisibilidad de haberse legislado por la vía normal. Y en este caso, toda la materia legislada pudo y puede ser regulada, sin acudir a este tipo de ley, que la carta magna ha reservado para eventualidades excepcionales en materia económica o financiera, de tal modo, que no se produzca un daño inminente. En consecuencia se viola el Art. 118 inc. 19 de la Constitución y el Art. 91 del Reglamento del Congreso, expresó Fausto Alvarado.

Sobre el contenido mencionó que los Decretos de Urgencia aceleran 33 inversiones estratégicas exonerándolos de los estudios de impacto ambiental, certificaciones para uso de recursos naturales y otros trámites administrativos.

El marco jurídico que los mencionados decretos crean, rompe y desactiva los candados y las medidas de control fiscal y ambiental, por lo que de manera consciente se está dejando desprotegido al Estado para ejercer su función de control preventivo, que fácilmente promovería actos de corrupción. Lo que califica como autoría indirecta a los autores de los decretos y a quienes obligados a revisarlos no lo efectúen debidamente. Finalizó Alvarado.